Clase 3 - Unidades VI a VIII - USVillahermosa - Derecho - Derecho Constitucional II

DERECHO CONSTITUCIONAL II

 CLASE 3

  

 

UNIDAD VI

CÁMARA DE DIPUTADOS

 

 

1.- Requisitos para ser Diputado.

 

Los requisitos para ser diputado se enuncian en el artículo 55 Constitucional, el cual indica:

 

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:

 

I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos.

 

II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;

 

III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella.

 

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.

 

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular.

 

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella.

 

V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección.

 

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.

 

Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.

 

Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y Jueces Federales y locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección;

 

VI. No ser Ministro de algún culto religioso, y

 

VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59.

 

 

1.1.- Impedimentos relativos.

 

Estos se dividen en:

·         Los impedimentos que se superan cuando el candidato se retira del ejercicio de un cargo público en un lapso previo preestablecido al del día de la elección, por lo general de 90 días (Fracciones IV y V párrafos primero y cuarto del artículo 55 Constitucional).

·         Los impedimentos que requieren que transcurra un mínimo de tres años (Fracción V párrafo segundo del artículo 55 Constitucional).

 

1.2.- Impedimentos absolutos.

 

Estos se dividen en impedimentos a:

·         Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (Fracción V párrafo tercero del artículo 55 Constitucional).

·         Ministros de culto (Fracción VI del artículo 55 Constitucional).

·         Reelección de Senadores y Diputados al Congreso de la Unión si perdieron su militancia o renunciaron al partido que los postuló (Fracción VII del artículo 55 Constitucional).

 

 

2.- Integración de la Cámara de Diputados.

 

La Constitución reconoce a la vía electoral como la única jurídicamente valida y legitima para la integración y renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación, como también de las entidades federativas y de los ayuntamientos.

 

En el artículo 50 constitucional se establece: “El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores.”.

 

El congreso de la unión ha sido considerado el depositario de la soberanía nacional, se compone por la Cámara de Diputados que es representante del pueblo y por la Cámara de Senadores que representan a las entidades federativas. Ambas cámaras proceden del sistema democrático y son electas por medio del voto popular.

 

En cuanto a lo que se refiere a la integración de la cámara de Diputados se siguen dos sistemas de representación política: por mayoría relativa y por representación proporcional.

 

2.1.- Elección de Diputados por mayoría relativa.

 

Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente.

 

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

 

Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

 

2.2.- Elección de Diputados por representación.

 

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripcionales plurinominales.

 

 

Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

 

I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales;

 

II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

 

III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.

 

IV. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios.

 

V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y

 

VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.

 

2.3.- Reglas para el otorgamiento de constancias.

 

Es competencia exclusiva del Instituto Federal Electoral calificar las elecciones de diputados y senadores del Congreso de la Unión, así como otorga las constancias de mayoría respectiva. Así como el párrafo octavo de la fracción III del artículo 41 estipula que el Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos públicos.

 

 

3.- Facultades exclusivas de la Cámara de Diputados.

 

El 13 de noviembre de 1874 se establece el bicamarismo para el poder legislativo en México, donde se eligen algunas facultades del Congreso que entonces era unicameral para distribuirlas como exclusivas entre cada cámara.

 

Las autoridades de la reforma del bicamarismo establecieron facultades exclusivas a cada cámara, proporcionándole a la Cámara de Diputados las que afectaban directamente a los individuos que constituían el elemento popular y a la Cámara de Senadores las que afectaba inmediata y directamente el interés de la colectividad de los estados.

 

Las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados son las que se ejercen de forma separada y no sucesivamente por cada una de ellas; el ejercicio de la facultad se agota en la cámara que corresponde dicha facultad y el asunto no debe pasar al conocimiento de la otra cámara.

 

Las facultades se encuentran reguladas en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

La Cámara de Diputados posee diversas facultades en las que no puede intervenir ni ejecutarlas el Congreso de la Unión, ni la Cámara de Senadores, porque no es de su competencia entre ellas encontramos:

 

 

I. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

 

II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en los términos que disponga la ley;

 

III. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de esta Constitución; así como de los demás empleados superiores de Hacienda;

 

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

 

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

 

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

 

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.

 

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven;

 

V. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución.

 

Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren.

 

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

 

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.

 

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la Auditoria Superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

 

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.

 

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización;

 

VII. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado;

 

VIII. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, y

 

IX. Las demás que le confiere expresamente la Constitución.

 

UNIDAD VII

SENADO DE LA REPÚBLICA.

 

 

1.- Antecedentes del Senado de la República.

 

La Constitución Federal de 1824, estableció que el senado se compondría de dos Senadores de cada Estado, elegidos por mayoría absoluta de votos por sus legislaturas, y renovados por mitad de dos en dos años. Este Senado respondía claramente al modelo norteamericano. La designación de los senadores por sus legislaturas la hacía un órgano que ostentaba a nivel federal la representación de las entidades federativas.

 

La Constitución de 1836 a pesar de ser centralista, conservo el Senado, que se integraba con 24 senadores, y se renovaba por terceras partes cada dos años. Los senadores eran designados por las juntas departamentales de tres listas que respectivamente elaboraban el gobierno en juta de ministros, la Cámara de Diputados y la Suprema Corte de Justicia, el Supremo Poder Conservador calificaba la elección.

 

Las Bases Orgánicas de 1843, también conservaron el Senado, que se integraba de 63 individuos, de los cuales dos tercios eran electos por las asambleas de paraméntales y el otro tercio por la Cámara de Diputados, el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los senados de las constituciones centralistas fueron órganos profundamente aristocráticos.

 

El Acta de Reforma de 1847 estableció en Senado compuesto por dos senadores de cada Estado y dos por el Distrito Federal además de un número de senadores electos a propuesta del Senado, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Cámara de Diputados, igual al número de senadores electos por los Estados. El Senado se renovaría por dos tercios cada dos años, alternando en ellos, año por año, la elección de los Estados con la que debía verificarse por el tercio de senadores designados por las propuestas del propio Senado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Cámara de Diputados.

 

 

2.- Cámara de Senadores en la Constitución de 1857.

 

La Constitución Federal de 1857 fue unicamaral, no contuvo la institución de Senado. El temor de dar vida nuevamente a un órgano de corte aristocrático, como fue el Senado de las constituciones centralistas y la esperanza de los liberales radicales de que un congreso unicamaral consiguiera más fácilmente la expedición de las leyes de reforma social que tato anhelaban, hizo ganar en el constituyente la propuesta de que no hubiese Cámara de Senadores. Esta situación comprueba que no es indispensable la existencia de la Cámara de Senadores, en un régimen federal.

 

En 1874 la Constitución fue reformada para introducir, entre otras cosas, el Senado. Dicha reforma obedeció a la idea de debilitar al poder legislativo al dividirlo, fortaleciendo consecuentemente al ejecutivo, y de establecer un sistema de gobierno más operativo en la realidad. Bajo esta reforma el Senado se compondrá de dos senadores por cada Estados y dos por el Distrito Federal, electos popularmente, mediante el sistema indirecto en primer grado, renovándose por mitad cada dos años.

 

La Constitución de 1917 estableció que la Cámara de Senadores se compondría de dos miembros por cada Estado, y dos por el Distrito Federal, nombrados en elección directa, que duraría en el cargo cuatro años renovándose la mitad por cada dos. A partir de las reformas de 1933, los senadores duran en su cargo seis años, renovándose en su totalidad cada sexenio. La elección se llevara a cabo en los Estados y en el Distrito Federal por el sistema de mayoría de votos emitidos. En el caso del Distrito Federal la declaratoria la debe de hacer la Comisión Permanente. La calificación de la elección la realiza la propia Cámara, con los presuntos senadores electos. Por cada inmediato posterior se elige a su suplente. Los senadores propietarios no pueden reelegirse en su cargo para el periodo inmediato posterior, pero los suplentes que no hayan estado en ejercicio si pueden hacerlo en calidad de suplentes.

 

 

3.- Integración de la Cámara de Senadores.

 

La Constitución de 1917 en su artículo 52 establece que la renovación de la Cámara será cada seis años, así como lo relativo al número de sus integrantes, sí ha implicado una novedad: establece un nuevo principio de elección, es decir, el de representación proporcional.

 

Numéricamente implicará que de los 128 senadores que hacen el total de los integrantes de la Cámara, tres porcada estado y tres por la Ciudad de México, dos de ellos habrán de elegirse conforme al principio de mayoría relativa 64 en total, uno asignado a la primera minoría 32 en total, los senadores restantes se elegirán por el principio de representación proporcional votados en una sola circunscripción nacional 32 en total.

 

En razón de que en 1994 se eligieron 9 senadores en la forma ya indicada líneas arriba, en 1997 en lugar de elegirse a los 32 de mayoría relativa que marcaba la reforma de 1993, se eligieron 32 de representación proporcional mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, siguiendo lo prescrito en el artículo cuarto transitorio de dicha reforma, a efecto de integrar en su totalidad la LVll legislatura.

 

3.1.- Elección de senadores por mayoría relativa.

 

Se encuentra contemplado en el artículo 56 Constitucional que señala:

 

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

 

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

 

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

 

3.2.- Elección de senadores por primera minoría.

 

La Primera Minoría es un sistema que se aplica para la elección de senadores en México, a través de este se le otorga un escaño por entidad a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en el número de votos en la entidad de que se trate, tal como se indica en la parte final del primer párrafo del artículo 56 de nuestra Constitución Federal.

 

3.3.- Elección de senadores por representación proporcional.

 

el sistema de representación proporcional, también denominado escrutinio proporcional plurinominal, es un sistema electoral en el que el porcentaje de votos que reciben los partidos políticos determina el número de escaños que les son asignados en las asambleas legislativas o parlamento. Este sistema de representación se distingue del sistema de representación directa porque casi todos los partidos políticos son representados en el cuerpo legislativo, sin importar que no obtengan mayoría relativa en ningún distrito electoral. Por lo tanto, también se llama sistema de representación plena.

 

La representación proporcional es el principio de asignación de curules por medio del cual se atribuye a cada partido o coalición un número de escaños proporcional al número de votos emitidos en su favor y se contempla en el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

3.4.- Reglas para el otorgamiento de constancias de asignación por el principio de representación proporcional.

 

Al respecto, el artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión establece:

 

Se entiende por votación total emitida, para los efectos de la elección de senadores por el principio de representación proporcional, la suma de todos los votos depositados en la urna para la lista de circunscripción plurinominal nacional.

 

La asignación de senadores por el principio de representación proporcional será con base en la de idea que es votación nacional emitida la que resulte de deducir de la totalidad emitida los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 2% de la votación emitida por la lista correspondiente y los votos nulos.

 

 

4.- Quórum y reglas de instalación de la Cámara de Senadores.

 

Para que la Cámara de Senadores pueda funcionar valida y legalmente, es necesario que se encuentren presentes un número determinado de senadores.

 

El artículo 63 constitucional dispone la regla general de asistencia de las cámaras, estableciendo lo que para que puedan abrir sus sesiones habrá de concurrir en cada una de ellas, senadores y diputados, más de la mitad del número total de sus miembros. Numéricamente podemos decir que si la Cámara de Senadores se integra con 128 miembros, se integrará el quórum con la presencia de 65 senadores, ya que la mitad exacta son 64, y el texto prescribe "más de la mitad del número total". La regla general sobre votación en la Cámara de Senadores es la de la mayoría de votos de los miembros presentes.

 

Hay dos clases de mayoría, la absoluta y la relativa:

·         La mayoría absoluta se obtiene cuando, existiendo dos proposiciones, se aprueba aquella que reúne más de la mitad del total de votos.

·         La mayoría relativa se da cuando, existiendo más de dos proposiciones, se aprueba aquella que más votos haya obtenido, sin importar si éstos suman más de la mitad del total.

 

 

5.- Facultades exclusivas del Senado de la República.

 

Además de fungir como colegisladora junto con la Cámara de Diputados en el procedimiento de formación de la ley y en las demás facultades que la Constitución otorga al Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores tiene facultades exclusivas, que mayormente se concentran en el artículo 76 constitucional.

 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

 

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

 

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

 

II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

 

III. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas.

 

IV. Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivas entidades federativas, fijando la fuerza necesaria.

 

V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del poder ejecutivo provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa. El nombramiento del titular del poder ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser electo titular del poder ejecutivo en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de las entidades federativas no prevean el caso.

 

VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad federativa cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la de la entidad federativa.

 

La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior.

 

VII. Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en los términos del artículo 110 de esta Constitución.

 

VIII. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario;

 

IX. Se deroga.

 

X. Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas;

 

XI. Aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo que disponga la ley. En caso de que el Senado no se pronuncie en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada;

 

XII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley; y

 

XIII. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar a dicho servidor público, y formular objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, y

 

XIV. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

 

5.1.- Análisis de la política exterior.

 

Esta función se encuentra en el primer párrafo de la fracción I del artículo 76 Constitucional, consiste en “Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso”.

 

5.2.- Aprobación de los tratados internacionales y principios que deben regir a éstos.

 

El segundo párrafo de la fracción I del artículo 76 Constitucional faculta a la Cámara de Senadores para aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo Federal.

 

El presidente de la República en el responsable de las relaciones internacionales del país y por ello tiene la facultad de celebrar tratados internacionales y convenciones diplomáticas con otros Estados. En los términos del artículo 133 constitucional, los tratos internacionales celebrados por el presidente de la República son Ley Suprema de la Unión, tan son parte del orden jurídico interno pero, para ello, es indispensable que sean aprobados por el Senado y que estén de acuerdo con la Constitución.

 

5.3.- Ratificación de nombramientos.

 

Las facultades de ratificación del Senado se encuentran en la fracción II del artículo 76 de nuestra Constitución, la cual faculta a la Cámara de Senadores para “Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga”,

 

Esta facultad de ratificación no debe confundirse con la de nombramiento señaladas en las fracciones VIII y XII, en relación a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), previsto en el artículo 6 de la Constitución.

 

5.4.- Autorización de salida de tropas mexicanas y paso de tropas extranjeras.

 

Las fracciones III y IV se relacionan con las facultades del ejecutivo en materia de guerra y seguridad interior del país, las cuales están sometidas a la autorización del Senado respecto de “Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas” y “Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivas entidades federativas, fijando la fuerza necesaria”.

 

5.5.- Autorización al titular del Ejecutivo Federal para salir del país.

 

Corresponde al senado, en términos del artículo 88 Constitucional, lo siguiente:

 

Artículo 88. El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional hasta por siete días, informando previamente de los motivos de la ausencia a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente en su caso, así como de los resultados de las gestiones realizadas. En ausencias mayores a siete días, se requerirá permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente.

 

Con base en lo anterior toda ausencias del Ejecutivo del territorio nacional mayor a siete días, requerirá el permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente.

 

5.6.- Nombramiento de Gobernador provisional.

 

De acuerdo con la fracción V, el Senado tiene facultad para declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, así como nombrar un gobernador provisional que convocará a elecciones de acuerdo con las leyes construccionales de la respectiva entidad federativa.

 

Esta facultad corresponde exclusivamente al Senado y su naturaleza es declarativa y no constitutiva, la designación del gobernador provisional debe ser hecha también por el Senado, a propuesta en terna del presidente de la República y bajo una votación calificada de las dos terceras partes de los senadores presentes. A diferencia de la facultad declarativa anterior, en este caso la Comisión Permanente si puede realizar tal designación, como base en las mismas reglas.

 

Esta facultad tiene una excepción, y es que la Constitución local de la entidad federativa prevea el procedimiento a seguir en estos casos, en tal virtud, deberá estarse al procedimiento establecido en la Constitución Local.

 

5.7.- Resolución de controversias entre los Estados.

 

La fracción VI faculta al Senado para resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un estado, cuando uno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional mediante un conflicto de armas.

 

Tratándose de conflictos entre los poderes de una entidad federativa, la Constitución distingue entre conflictos constitucionales, para cuya resolución tiene competencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conflictos políticos para lo cual tiene competencia el Senado.

 

No se establece con certeza lo que debe entenderse por conflictos políticos, ya que hasta ahora no se ha expedido la ley reglamentaria de esta fracción, que prevé la Constitución, y en la que entre otras cosas, debería señalarse el significado y las hipótesis de tales cuestiones políticas. La competencia del Senado para resolver este tipo de conflictos se surte de dos formas según el texto de la fracción:

·         A petición de parte, cuando uno de los poderes estatales concurra con ese fin al Senado.

·         Motu proprio, cuando el conflicto político haya desencadenado un conflicto armado interrumpiendo el orden constitucional.

 

5.8.- Actuación como jurado de sentencia.

 

La fracción VII del artículo 76 Constitucional faculta al Senado para erigirse en Gran Jurado para conocer de los delitos oficiales de los funcionarios que designa la Constitución. Esta facultad es consecuencia de la que se atribuye a la Cámara de Diputados en la fracción V del artículo 74.

 

Realizada la acusación por la Cámara de Diputados, la de Senadores inicia un procedimiento en el que debe practicar las diligencias convenientes y oír al acusado para culminar en una sentencia, que siendo condenatoria imponga al funcionario las penas de privación definitiva del cargo e inhabilidad para ocupar otro de carácter público.

 

Esta sentencia, que deberá ser aprobada por las dos terceras partes del total de senadores, constituye cosa juzgada y en tal virtud es inatacable por cualquier otro recurso legal.

 

UNIDAD VIII

IMPORTANCIA Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE.

 

 

1.- Comisión Permanente Constante Constitucional de México.

 

La importancia de la comisión permanente es fundamental para el poder legislativo ya que esta entra en funciones cuando ninguna de las dos cámaras se encuentra en sesiones y así esta comisión permanente cumple con las funciones a las que está facultado para intervenir que están establecidas en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

En la Constitución de Cádiz, que rigió en las postrimerías de la vida colonial de México, se estableció la "Diputación Permanente de Cortes", que tenía la facultad de "Velar sobre la observancia de la Constitución y de las leyes, para dar cuenta a las próximas Cortes de las infracciones que haya notado" y “Convocar a Cortes extraordinarias en los casos previstos por la Constitución" (Art. 160).

 

La Constitución Federal de 1824 creó un "Consejo de Gobierno" que funcionaba durante el receso del Congreso General y que se componía con la mitad de los individuos del Senado (Art. 103). Su ámbito competencial era muy dilatado, pues se integraba con diversas facultades que se consignaban en su artículo 116, a cuyo texto nos remitimos.

 

En la Constitución centralista de 1836 se implantó la "Diputación Permanente", compuesta de cuatro diputados y tres senadores (Art. 57), incumbiéndole citar al Congreso a sesiones extraordinarias y velar sobre las infracciones constitucionales, entre otras facultades a las que se refería su artículo 58 de la Tercera Ley.

 

El proyecto de la Minoría de 1842 previó una "Comisión Permanente", integrada por cuatro diputados y tres senadores nombrados por sus respectivas Cámaras, correspondiéndole convocar a sesiones extraordinarias, vigilar el cumplimiento de la Constitución y leyes generales "haciendo los reclamos que juzgare convenientes y dando cuenta al Congreso" (Art. 52).

 

En el Proyecto combinado que elaboraron los grupos mayoritario y minoritario de la Comisión de 1842 se confirió a la "Comisión Permanente" sólo la facultad de convocar a sesiones extraordinarias al Congreso "y las demás económicas que se fijan en el Reglamento" (Art. 48), integrándose también por cuatro diputados y tres senadores "nombrados por sus respectivas Cámaras en los últimos días de sus sesiones" (Art. 47).

 

 

2.- Integración de la Comisión Permanente.

 

El artículo 78 de la Constitución Federal, establece como se integra la Comisión Permanente y cuáles son sus funciones:

 

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.

 

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

 

I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de que habla el artículo 76 fracción IV;

 

II. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República;

 

III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones;

 

IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias. Cuando la convocatoria sea al Congreso General para que se erija en Colegio Electoral y designe presidente interino o substituto, la aprobación de la convocatoria se hará por mayoría;

 

V. Se deroga.

 

VI. Conceder licencia hasta por sesenta días naturales al Presidente de la República;

 

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y

 

VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.

 

3.1.- Facultades de ratificación.

 

La fracción VII del Artículo 78 de la Constitución, otorga facultades de ratificación a la Comisión permanente de “los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga”.

 

3.2.- Facultades relativas al Presidente de la República.

 

Conforme a la fracción II del artículo 78 Constitucional, la Comisión Permanente tiene facultad de recibir la protesta del Presidente de la República; conforme a la fracción III debe recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones; asimismo y conforme a la fracción VI del mismo ordenamiento, puede conceder licencia hasta por sesenta días naturales al Presidente de la República.

 

3.3.- Facultades relativas al uso de la Guardia Nacional.

 

El mencionado artículo 78 de nuestra Carta Magna, faculta en su fracción I a la Comisión Permanente, en relación con el artículo 76 fracción IV, a “Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional”, esto es “Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos Estados, fijando la fuerza necesaria”.

 

3.4.- Facultades para convocar a sesiones.

 

De conformidad con la fracción IV del artículo 78 Constitucional, corresponde a la Comisión Permanente acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes.

 

La convocatoria expedida en estos casos señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias.

 

Cuando la convocatoria sea al Congreso General para que se erija en Colegio Electoral y designe presidente interino o substituto, la aprobación de la convocatoria se hará por mayoría.

 

3.5.- Facultades preparatorias del proceso legislativo.

 

Corresponde a la Comisión Permanente preparar el proceso legislativo, en términos de la fracción III del artículo 78 Constitucional, recibiendo durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones.

 

 

3.6.- Facultades para conceder licencia a determinados servidores públicos.

 

En términos de las fracciones VI y VIII del artículo 78 Constitucional, corresponde a la Comisión Permanente conceder licencia hasta por sesenta días naturales al Presidente de la República y conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores de ambas Cámaras.